Tener empleados sin contrato, trabajar en negro o emitir facturas “en B” se ha convertido desde hoy en una actividad de “alto riesgo”. Si, hasta ahora, las probabilidades de sufrir una inspección laboral eran bastante reducidas para el pequeño empresario, aquellos que no cumplan con la legalidad deberán meditarlo detenidamente tras la última medida del Ministerio de Empleo y Economía, que ha puesto en marcha un buzón anónimo, accesible a través de su web, y que invita a los ciudadanos a denunciar los casos de fraude laboral con el objetivo de luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

De ésta forma, una vez cursada la denuncia anónima, laInspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)investigará las presuntas conductas fraudulentas e insolidarias.

Para ello, no será necesario aportar ningún dato de carácter personal por parte del denunciante, pero sí se recomienda informar de los hechos de la forma más detallada y concisa posible. No obstante, si el denunciante prefiriese ser considerado parte del proceso, deberápresentar una denuncia formalen la que sí deberá consignar su identidad.

Si hace varios meses conocíamos la última reforma del Código Penal por la quetrabajar en negro y cobrar el paro podría ser sancionado con pena de cárcel, parece que ahora el Ejecutivo ha decidido dar un paso más en lalucha contra el fraude y la economía sumergidacon una medida que ha abierto varios frentes de debate.

Si bien es cierto que, tal como analizamos en este blog hace unos meses,la economía sumergida supone más del 20% del PIB anual en Españay que el fraude laboral y a la Seguridad Social ha aumentado considerablemente en los últimos años por la incidencia de la crisis.

Según datos del Ministerio de Trabajo y publicados por el diario El País, lasinfracciones a empresariosque tenían empleadas a personas que cobraban el paro o que facilitaron el acceso a la prestación de forma irregular han aumentado más del un 30%, mientras que los trabajadores que hancompatibilizado su prestación por desempleo con un trabajo remuneradose han incrementado en casi un 29%.

Unas cifras ciertamente alarmantes y difícilmente justificables, pese a las dificultades que atraviesa el país y, en especial, el colectivo de autónomos y pequeños empresarios.